Bruselas alerta del "alto riesgo de corrupción" en los contratos públicos en España

La Comisión Europea reprocha en su Informe sobre el Estado de Derecho de 2025 que no haya puesto en marcha todavía su Estrategia Nacional Anticorrupción.

"Las licitaciones de contratos públicos, la financiación de los partidos políticos y los proyectos públicos de infraestructuras en España son sectores clave con un alto riesgo de corrupción" en España. Así lo sentencia el Informe sobre el Estado de Derecho de 2025, publicado hoy por la Comisión Europea y que llega en plena crisis de un Gobierno golpeado precisamente por la corrupción.

La advertencia no es nueva, pero la gravedad parece ir en aumento. El 40% de las empresas españolas considera que la corrupción les ha impedido ganar licitaciones en los últimos tres años, según refleja el informe europeo que cita el Eurobarómetro Flash sobre las Actitudes de las Empresas frente a la Corrupción del que toma nota la Comisión. Esta cifra supone prácticamente duplicar el nivel recogido en el documento del año anterior y se sitúa muy por encima de la media de la Unión Europea, el 25%.

El Informe sobre el Estado de Derecho de este año tiene como fecha de cierre el término de 2024. Por ese motivo, no recoge ninguna referencia ni efectos u opiniones derivadas de los últimos escándalos como los que han llevado a que el Tribunal Supremo a que se decrete la prisión provisional para el exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. Sí se menciona expresamente, sin embargo, el caso del exministro de Fomento José Luis Ábalos, al indicar el informe que "en octubre de 2024, un exministro y miembro del Parlamento fue acusado como persona de interés en un presunto caso de corrupción relacionado con la pandemia", y al proceso sobre el Fiscal General del Estado.

Bruselas pone el foco en el número de concursos públicos en los que se presentó un único candidato, pues son los más sospechosos de posibles amaños. En España estos casos se elevaron al 33%, frente a la media del 29% de la UE.

"Las principales causas de quejas y comunicaciones en materia de contratación pública son las presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato, seguidas de las presuntas prácticas corruptas, las quejas relacionadas con la ejecución del contrato y, por último, las cuestiones relacionadas con el uso de la subcontratación", asegura la Comisión.

Los contratos de servicios son, a juicio de Bruselas, los más vulnerables y concentran un 64% de las quejas por potenciales amaños.

Por otro lado, la Comisión Europea reprocha que "la financiación de los partidos políticos sigue siendo un área de alto riesgo, y no se han tomado medidas para reformar la legislación electoral de acuerdo con las recomendaciones del Tribunal de Cuentas".

El Ejecutivo comunitario también pone el acento en que "aún no se ha iniciado la elaboración de la estrategia nacional anticorrupción prevista por ley". La Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, aprobada en 2023, ordenaba al Gobierno a adoptar antes de septiembre de 2024. Sin embargo, con prácticamente un año de retraso, el trabajo aún no ha comenzado.

"Según las partes interesadas, a pesar de la inclusión de prioridades anticorrupción en los planes y estrategias sectoriales, la ausencia de una estrategia unificada corre el riesgo de provocar fragmentación y una supervisión insuficiente de las medidas anticorrupción", apuntan desde Bruselas, que señalan que un primer borrador se preparará ahora que se ha designado a Manuel Villoria Mendieta como presidente en la Autoridad Independiente de Protección del Informante.

Por último, la Comisión Europea también pide más esfuerzos para actuar contra los sobornos extranjeros, aunque reconoce que la detección de estas prácticas ha mejorado.